Abolición de la pena de muerte en Ruanda

Callixte Gakwaya fue condenado a muerte en marzo de 1997 tras un juicio sin las debidas garantías procesales. © AI

Ruanda ha abolido la pena de muerte, convirtiéndose con ello en el último país que se suma a la tendencia mundial de erradicar la pena capital y contribuyendo a acelerarla.

Ruanda es el primer país de la región de los Grandes Lagos que pone fin a las ejecuciones, y el país número 100 que ha abolido la pena de muerte en su legislación. Por otro lado, ya son 30 los países abolicionistas en la práctica. En África, 14 países –entre ellos Ruanda– son abolicionistas para todos los delitos y 18 son abolicionistas en la práctica

Se espera que el paso adelante que ha dado Ruanda constituya la chispa que encienda la mecha de la abolición de la pena capital en África Central. Se han producido señales alentadoras por parte de Burundi, en cuya versión revisada del Código Penal, pendiente de promulgarse, se ha eliminado la pena de muerte como castigo para todos los delitos.

En Ruanda, las últimas condenas a muerte fueron impuestas en 2003 y las últimas ejecuciones tuvieron lugar en 1998, cuando fueron ejecutadas 22 personas declaradas culpables de crímenes relacionados con el genocidio. En la actualidad, en Ruanda hay unos 600 presos en espera de ejecución, aunque se les va a conmutar la pena en virtud de la nueva legislación.

Uno de los principales obstáculos para transferir a la jurisdicción nacional de Ruanda a personas detenidas bajo la custodia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, o a personas sospechosas de genocidio acusadas por el Tribunal que viven en el extranjero, era la pervivencia de la pena de muerte.

Otros obstáculos han sido la capacidad del sistema de justicia ruandés para garantizar juicios justos y varios motivos de preocupación relativos a su independencia, imparcialidad y transparencia. La abolición de la pena de muerte es un avance.

Amnistía Internacional pide ahora al gobierno ruandés que copatrocine la resolución sobre una suspensión mundial de las ejecuciones que se presentará en la Asamblea General de la ONU en octubre, y que anime a otros países de la región a apoyar la resolución.